El Consejo de Ministros aprobó ayer una decisión que aliviará la presión sobre miles de empresas y autónomos españoles: VeriFactu, el sistema de verificación de facturas que iba a ser obligatorio en 2026, se retrasa un año completo. Las empresas que debían estar listas el 1 de enero de 2026 ahora tienen hasta el 1 de enero de 2027. Los autónomos, que tenían como fecha límite el 1 de julio de 2026, disponen hasta el 1 de julio de 2027.

Esta moratoria no es un capricho ni una concesión arbitraria. Responde a la realidad del tejido empresarial español, donde muchas pymes y autónomos todavía no están preparados tecnológicamente para cumplir con los estrictos requisitos que impone VeriFactu. El gobierno ha reconocido que forzar la implementación en los plazos originales habría generado caos, incumplimientos masivos y un coste desproporcionado para las empresas más pequeñas.

Qué cambia exactamente con esta moratoria

El Real Decreto-ley aprobado modifica el Real Decreto 1007/2023 de 5 de diciembre, conocido como Reglamento VeriFactu, estableciendo nuevos plazos que dan un respiro crucial al sector empresarial. Para las personas jurídicas, principalmente sociedades mercantiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades, la obligación que comenzaba el 1 de enero de 2026 se traslada íntegramente al 1 de enero de 2027. Esto significa doce meses adicionales para prepararse, evaluar soluciones, implementar software y formar al personal.

Los autónomos y empresarios individuales, que originalmente tenían seis meses más de margen con entrada en vigor el 1 de julio de 2026, mantienen esa diferencia temporal pero también con el aplazamiento de un año. Su nueva fecha límite será el 1 de julio de 2027. Esta distinción reconoce que los autónomos generalmente tienen menos recursos y capacidad técnica para adaptarse a cambios normativos complejos.

Es importante entender que esta moratoria no cambia los requisitos técnicos de VeriFactu. El software de facturación seguirá necesitando firma electrónica avanzada, registro inalterable de eventos, códigos QR de verificación, y cumplir con todas las especificaciones de seguridad y trazabilidad. Lo que cambia es el tiempo disponible para implementar estos requisitos, no los requisitos en sí mismos.

Por qué era necesario este aplazamiento

La justificación oficial del gobierno menciona «la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación» y la necesidad de «garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial». Pero detrás de este lenguaje administrativo hay realidades muy concretas que hacían imprescindible esta moratoria.

Primero, la disponibilidad de software certificado sigue siendo limitada. Aunque existen soluciones en el mercado, muchas no están completamente adaptadas a VeriFactu o sus precios son prohibitivos para pequeñas empresas. Los desarrolladores de software necesitan tiempo para crear soluciones asequibles y escalables que funcionen para todo tipo de empresas, desde el autónomo que emite pocas facturas al mes hasta la mediana empresa con miles de operaciones.

Segundo, la formación del personal es un proceso que no puede acelerarse artificialmente. VeriFactu no es solo un cambio de software, es un cambio de paradigma en cómo se gestiona la facturación. Los empleados necesitan entender que ya no pueden modificar facturas libremente, que cada operación queda registrada permanentemente, y que los errores requieren procesos formales de rectificación. Esta transformación cultural requiere tiempo, práctica y paciencia.

Tercero, la integración con sistemas existentes es más compleja de lo previsto. Muchas empresas tienen ERPs antiguos, sistemas contables heredados, o procesos manuales que necesitan digitalización completa. Forzar VeriFactu sin dar tiempo para estas adaptaciones habría paralizado la operativa de miles de empresas.

Qué deben hacer las empresas con este tiempo extra

Este año adicional no es para relajarse y olvidarse de VeriFactu. Es una oportunidad de oro para prepararse correctamente, sin prisas pero sin pausas. Las empresas inteligentes aprovecharán este tiempo para hacer una implementación ordenada y exitosa.

El primer paso es evaluar honestamente la situación actual. ¿Tu software de facturación actual puede actualizarse para cumplir VeriFactu o necesitas cambiarlo completamente? ¿Tus datos maestros (clientes, productos, tarifas) están limpios y actualizados? ¿Tu equipo entiende qué es VeriFactu y cómo les afectará? Esta auditoría inicial es fundamental para planificar los siguientes pasos.

Con más tiempo disponible, las empresas pueden negociar mejores condiciones con proveedores de software, comparar múltiples opciones sin presión, y hacer pruebas piloto exhaustivas antes de comprometerse con una solución. También pueden escalonar la inversión, distribuyendo el coste a lo largo de más meses, lo que alivia la presión financiera especialmente en pymes con recursos limitados.

La formación puede hacerse de manera gradual y efectiva. En lugar de cursos intensivos de última hora que nadie recuerda, las empresas pueden implementar formación progresiva, con sesiones espaciadas que permitan asimilar los cambios. Pueden identificar y formar «campeones» internos que luego ayuden a sus compañeros, creando una red de apoyo que facilite la transición.

Los riesgos de esperar demasiado

Aunque la moratoria es una buena noticia, también conlleva el riesgo de que muchas empresas caigan en la complacencia. «Todavía queda mucho tiempo» es una frase peligrosa que puede llevar a repetir los mismos errores que motivaron este aplazamiento.

Los proveedores de software se saturarán cuando se acerquen las nuevas fechas límite. Las empresas que esperen hasta finales de 2026 para buscar soluciones encontrarán menos opciones, precios más altos, y tiempos de implementación más largos. Los consultores y asesores especializados también tendrán sus agendas completas, dificultando conseguir el apoyo necesario.

Además, VeriFactu no es la única obligación digital que viene. La factura electrónica B2B obligatoria sigue su curso, y muchas empresas tendrán que cumplir ambas normativas. Usar este año extra para implementar una solución integral que cubra tanto VeriFactu como factura electrónica será mucho más eficiente que hacer dos implementaciones separadas.

Conclusión: una oportunidad que no se puede desperdiciar

La moratoria de VeriFactu hasta 2027 es un reconocimiento realista de las dificultades que enfrentan las empresas españolas para adaptarse a la transformación digital fiscal. El gobierno ha escuchado las preocupaciones del sector y ha actuado con pragmatismo, priorizando una implementación exitosa sobre el cumplimiento rígido de plazos.

Pero este tiempo extra viene con responsabilidad. Las empresas que lo aprovechen para prepararse metódicamente tendrán una ventaja competitiva significativa. Las que lo desperdicien se encontrarán en la misma situación de urgencia dentro de un año, pero con menos excusas y probablemente menos comprensión por parte de las autoridades.

El mensaje es claro: VeriFactu no ha desaparecido, solo se ha pospuesto. Los requisitos siguen siendo los mismos, las sanciones por incumplimiento seguirán siendo severas, y la transformación digital de la facturación sigue siendo inevitable. La diferencia es que ahora hay tiempo suficiente para hacerlo bien.

Las empresas y autónomos tienen ante sí doce meses adicionales que pueden marcar la diferencia entre una implementación caótica y costosa o una transición ordenada y beneficiosa. La pelota está en su tejado. El gobierno ha dado el tiempo; ahora toca aprovecharlo inteligentemente.

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