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Multas de hasta 600.000 euros para empresarios que nieguen información a Hacienda en una inspección
28/06/2022

Multas de hasta 600.000 euros para empresarios que nieguen información a Hacienda en una inspección

El Tribunal Constitucional respalda que se pueda multar hasta con 600.000 euros a las empresas que obstaculicen una inspección de Hacienda al desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada previamente por el Supremo en la que se ponía en duda la proporcionalidad de las penas.  De esta manera, los Magistrados consideran que, pese a la “severidad” de la sanción, no hay “un desequilibrio patente y excesivo” con el fin que persigue la norma.

En dicha norma se establece que la «infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria» cometida por un empresario que esté siendo objeto de un procedimiento de inspección será sancionada con una multa del 2% de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio finalizado en el momento, «con un mínimo de 20.000 y un máximo de 600.000 euros».

La sentencia del Tribunal Constitucional únicamente se pronuncia sobre la sanción máxima establecida en una inspección, siendo de 600.000 euros, sin embargo, se entiende que puede extenderse a todas las actuaciones que supongan oponer resistencia, obstrucción, o excusa en las actuaciones e inspecciones tributarias contempladas en el artículo 203 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre.  La sanción mínima por este tipo de obstrucciones parte de los 150 euros, que va ampliándose en función de la gravedad, de la reiteración, del tipo de requerimiento que exige Hacienda y del perfil del infractor, que puede ser una persona física o una empresa.

En caso de simples actuaciones de la Administración Tributaria, se sancionará con 150 euros a los sujetos físicos que ejerzan las conductas obstructoras relativas a «la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control» o las que consistan en no atender a los requerimientos notificados, negar o impedir la entrada o permanencia en fincas o locales o coaccionar a los funcionarios de la Administración Tributaria. En caso de que exista un segundo requerimiento, la sanción ascenderá a los 300 euros, y en caso de un tercero, hasta los 600 euros.

Cuando el incumplimiento de los requerimientos por actuaciones de la Administración Tributaria recae sobre personas o entidades que realizan actividades económicas, las sanciones oscilan desde 300 euros en el primer requerimiento hasta 1.500 en el segundo hasta el tercer intento, en el cual la multa pecuniaria será proporcional hasta el 2% de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior a la infracción, estableciendo un mínimo de 100.000 euros y un máximo de 400.000 euros.

Por su parte, si los requerimientos se refieren a la información contable, la sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional de hasta el 3% de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural en el que se produjo la infracción, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

Por otro lado, dentro de un proceso de inspección llevado a cabo por Hacienda, la normativa eleva las sanciones cuando se producen este tipo de conductas por parte del sujeto obligado.

Cuando el incumplimiento lo realizan personas o entidades que no desarrollen actividades económicas, tras el primer requerimiento, la multa será de 1.000 euros, elevándose a los 5.000 euros en el segundo aviso. Al tercer intento de los funcionarios, la penalización será diferente en función de la causa del requerimiento. Si este se refiere a magnitudes monetarias conocidas, la multa pecuniaria es proporcional a la mitad del importe de las operaciones requeridas, con un mínimo de 10.000 y un máximo de 100.000 euros. Si esta cantidad no se conoce, la multa pecuniaria es proporcional al 0,5% del importe total de la base imponible del impuesto personal que grava la renta del sujeto infractor, con el mismo mínimo y máximo.

En el caso de que sean las empresas las que no aportan información contable o niegan la entrada en fincas y locales, entra en juego el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en el cual se avala que la sanción consiste en una multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de negocios, con un mínimo de 20.000 y un máximo de 600.000 euros.

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